Hace no tanto, apenas cuatro o cinco años, los bancos todavía daban préstamos en condiciones aparentemente muy ventajosas para hacerse con una vivienda en propiedad. “Alquilar es tirar el dinero”, se repetía entonces, porque el pago se prolongaba durante treinta, cuarenta o incluso más años y porque la banca se aseguraba en la letra pequeña tener la sartén por el mango. Ya entonces empezaban a producirse los primeros desahucios y las denuncias de asociaciones de consumo ante las cláusulas usureras de los créditos hipotecarios.

Pero parecían casos aislados, gente imprudente que no había echado bien sus cuentas y que, hasta cierto punto, “se lo había buscado”. Ahora vemos que no, que la estafa fue generalizada, que le puede pasar a cualquiera. Que durante años se dieron ventajas fiscales y se relajaron los controles sobre la banca para que el negocio inmobiliario creciera y que las hipotecas “baratas” era un reclamo para que la gente corriente engrasara la maquinaria.

Hubo quien advirtió del peligro de la burbuja inmobiliaria, pero nadie quiso oír, porque parecía un juego en el que todo el mundo ganaba: los gobiernos vendían cifras de crecimiento, las empresas del sector y la banca se lucraban a manos llenas y el común de los mortales tenía su pisito. “No es mío, es del banco”, decíamos de manera socarrona, y vaya si lo hemos comprobado, con toda su crudeza.

Empezamos a ver entonces que no se trataba de decisiones personales erróneas, de gente que había medido mal, sino que todo estaba atado para que el estallido de la burbuja se cebara solo con el eslabón más débil. Porque los bancos acumulaban deudas, y un stock de viviendas sin vender, pero les llegaban millones de euros públicos para cuadrar las cuentas. Y sin embargo, nadie en las altas esferas movía un dedo por esa pareja que había perdido el empleo y se iba a la calle por deber unos cientos de euros de hipoteca, sin saldar siquiera la deuda entregando el piso. Ni por sus familiares que habían decidido avalarles y de repente veían peligrar hasta la vivienda que habían pagado ya hace años. Es más, cuando actuaron fue para impedir una solución a casos como esos: una y otra vez, PP y PSOE se opusieron a iniciativas de IU y otros grupos para regular la dación en pago, la reforma de la Ley Hipotecaria y otras medidas por el derecho a la vivienda.

Entre tanto, lo único que parece haber surtido efecto es poner en peligro nuestros propios cuerpos. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el 15M y miles de personas anónimas se han interpuesto para evitar que echaran a la gente de sus casas, para forzar la negociación con su banco y conseguir, al menos, prorrogar la orden de desahucio. Esa solidaridad ha amortiguado el golpe, pero hay quien no ha encontrado esas redes de apoyo y presa de la desesperación ha optado por quitarse la vida. El caso de Amaia, en Barakaldo, ha tenido más repercusión porque la lucha ciudadana había puesto los desahucios en la agenda mediática, pero no ha sido el único.

400.000 desahucios y todo ese drama ha sido necesario para que ahora, por fin, PP y PSOE se sienten a buscar soluciones. Bienvenidas, por insuficientes y tardías que sean. Pero al ver que tienen el poder de escribir a las entidades bancarias para decirles que paren, para conseguir una moratoria, no podemos evitar pensar que siempre estuvo en su mano parar todo esto. Que era mera cuestión de voluntad política.

Por eso, creemos que también nos toman el pelo cuando nos dicen que poco se puede hacer desde el Ayuntamiento de Valladolid cuando hemos llevado iniciativas en ese mismo sentido. Hemos propuesto, sin éxito,que a cambio de solares en Las Eras negocie una permuta con Caja España-Duero para quedarse con viviendas objeto de desahucio y alquilarlas a bajo precio a las familias que viven allí. O constituir un parque público de vivienda en alquiler, a día de hoy casi inexistente. Tampoco hemos conseguido que el Ayuntamiento use su poder de negociación para mediar en los procesos de desahucio, con la misma presión y eficacia con la que consigue acuerdos con ellos en otras materias.

Cuando se quiere, se puede. El verano pasado, la voluntad de los dos grandes partidos llevó a reformar la Constitución, de tal manera que hoy es obligatorio que en los presupuestos del Estado el pago de la deuda sea prioritario frente al gasto social y la cobertura de los derechos básicos de la mayoría. Si hoy se han sentado para hablar de ese otro artículo constitucional, el 47, que dice que tenemos derecho a una vivienda digna, ha sido porque la voluntad que se ha impuesto es la de la calle. No valdrá una solución de compromiso porque, afortunadamente, se ha abierto el camino.