Mañana mantendremos una reunión con el Subdelegado del Gobierno en Valladolid. Llevaremos varias cuestiones y entre ellas la supresión de líneas ferroviarias en la provincia de Valladolid. En el pleno del mes de junio de este año planteamos una moción sobre el tema que fue rechazada por el equipo de gobierno. Este problema afecta de lleno a la ciudad de Valladolid y a sus habitantes y nuestra defensa se basó en la puesta en valor del servicio público ferroviario. Recientemente se han modificado los servicios de Media Distancia Convencional en Castilla y León. Esta medida afecta concretamente a los servicios ferroviarios que enlazan Valladolid con varios municipios del sur como son Viana de Cega, Valdestillas, Matapozuelos, Pozaldez o Medina del Campo), y del norte (Cabezón de Pisuerga, Corcos o Cubillas de Santa Marta), así como con Palencia o Aguilar de Campoo.
El objetivo de nuestra propuesta no puede ser más sencillo: asegurar los derechos de las personas que viven, trabajan o estudian en nuestra ciudad y en los municipios cercanos. Se trata de derechos porque ha de tenerse en cuenta que muchas familias van a ver seriamente alterada su vida cotidiana, y en algunos casos estas medidas pueden incluso obligarles a abandonar puestos de trabajo, a dejar de cursar estudios o a desplazar su residencia. Poblaciones rurales tras el recorte quedarán totalmente aisladas.
Hace unos días se ha conocido que se han suprimido trayectos de tanta importancia como la conexión con Medina del Campo y Palencia a primera hora de la mañana y última hora de la noche, lo cual dificultará mucho la conciliación del trabajo o estudios a personas que se desplazan cotidianamente entre estas localidades tan cercanas a Valladolid. Igualmente, habitantes de otros municipios del entorno verán muy limitadas las posibilidades de acceder a servicios de primera necesidad como la atención sanitaria.
El transporte ferroviario como servicio público es un elemento clavedesde el punto de vista del desarrollo socioeconómico y la vertebración territorial del Estado. Partiendo de ello, las obligaciones de servicio público provienen del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y conllevan la obligación de financiación de servicios a la ciudadanía que cumplen misiones de interés general, como son los servicios de transporte público colectivo.
Por ello la declaración como obligación de servicio público establece la responsabilidad de su financiación directa a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, en este caso del Ministerio de Fomento. Esta obligación responde a las necesidades de las comunidades autónomas de disponer de trenes regionales, junto a los trenes de cercanías, de grandes distancias y de mercancías, dentro del sistema multimodal de transporte que debe vertebrar la red de ciudades que pueblan sus territorios. Respondiendo, al mismo tiempo, a la necesidad de ahorro y eficiencia energética, a la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, y al propio cambio de modelo productivo. De hecho los trenes explotados por Renfe y que circulan por las líneas y estaciones administradas por Adif deben ser suficientes para evitar cualquier cierre de líneas.
En una época en la que las necesidades entre la población han crecido y la desigualdad entre las personas que pueden acceder a servicios y las que se encuentran con barreras aumenta, sería lógico promover la mejora y ampliación de los servicios públicos. Hablando de este caso concreto el sentido común indica explorar una ampliación de los horarios de los trenes y de las paradas en las estaciones, apoyando la generación de nuevas redes de cercanías en las áreas metropolitanas que aún no poseen dicho servicio, e impulsando la reapertura de líneas ferroviarias de alto valor estratégico. Pero no, el sentido es el contrario precisamente. Esta propuesta es tan lícita y desde luego más necesaria que la aprobada el 2 de octubre del año pasado por los tres grupos municipales para instar a Renfe a revisar su política de precios en los servicios Avant, de la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid y a establecer un nuevo servicio de regreso, entre las 18 y 19 horas. También ha habido ocasiones en que se ha planteado la adopción de acuerdos municipales dirigidos a mantener el empleo existente, como se pretende con esta propuesta. En resumen, lo que planteamos fueron cuatro puntos muy claros:
- Apoyo del Ayuntamiento de Valladolid al Manifiesto en Defensa del Ferrocarril, elaborado por organizaciones sociales y sindicatos ferroviarios con implantación en esta Comunidad Autónoma.
- Instemos a la Administración General del Estado a que impida la supresión de ninguno de los trenes que circulan por Valladolid y los que han sido suprimidos vuelvan a su funcionamiento habitual.
- Promover, en el marco de la Comunidad Urbana de Valladolid, la urgente elaboración de propuestas para que la Junta de Castilla y León apruebe a la máxima brevedad un Plan de Transporte Metropolitano que garantice la conexión efectiva mediante transporte público entre los municipios del alfoz de Valladolid.
- Y en cuarto lugar y último de dichos acuerdos se daría traslado a la Ministra de Fomento, al Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León y a los sindicatos ferroviarios.
Pero por sorpresa negaron los recortes. Hay que recordar que el portavoz del PP presentada en octubre del año pasado una moción en la que se hacía eco de las demandas de las personas usuarias de los servicios de alta velocidad ferroviaria de «los sectores sociales de Valladolid». Defendía entonces que ampliar los horarios y bajar los precios del AVE era esencial para las personas que más lo necesitan por razones de trabajo, de educación, o de salud. Pues bien, demuestran paso a paso que lo que quieren para las personas usuarias del AVE no lo quieren para las personas que utilizan diariamente los trenes de media distancia. ¿Acaso las personas que utilizan el ferrocarril convencional no tienen derecho a ir a trabajar a Medina del Campo o venir a estudiar a la Universidad de Valladolid desde Palencia? ¿Es menos importante el derecho de una persona que se desplaza desde el ámbito rural a Valladolid para asistir un hospital que la que se desplaza a Madrid diariamente a trabajar? La coherencia brilla por su ausencia y la vergüenza, si me lo permiten, también. Solamente hay que recordar a Ana Pastor, ministra de Fomento, afirmando que el gobierno no iba a cerrar estaciones sino que simplemente el tren no pasaría por ellas. Creo que no merece más comentarios.
Pero es que no hace falta mirar al gobierno central para identificar la campaña de negación de lo evidente que se está promoviendo. Un ejemplo de ello es la valoración realizada por el Delegado del Gobierno en Castilla y León y presidente del PP de Valladolid, Ramiro Ruíz Medrano, que ha llegado a afirmar que nuestra comunidad sale «muy beneficiada» de la «reordenación» de los servicios ferroviarios. Es increíble.
Y alguno más se ha apuntado al carro, el secretario regional del PP Alfonso Fernández Mañueco, calificó de «buena noticia» el alcance final de de la «racionalización», haciendo hincapié en la «sensibilidad del gobierno central» y del «eficaz trabajo» del consejero de Fomento, Antonio Silván.
Ante este panorama es lógico ver opiniones como las que he leído en un blog de un conocido periodista. Se decía que no era de extrañar que personas que disponen de coche y conductor oficial a su servicio las 24 del día, no reconozcan los servicios suprimidos por RENFE, y desde luego, no le falta razón.
Por otro lado es una lástima constatar que lo que tantas organizaciones veníamos advirtiendo se ha cumplido en todos sus términos: el dinero del Ministerio de Fomento se viene destinando a construir líneas de Alta Velocidad, mientras que la media distancia se abandona. Volcar la inversión en la alta velocidad ha sido la tónica general de los últimos gobiernos. Para que nos hagamos una idea la partida destinada al tren de alta velocidad en el Estado supera los 3.000 millones de euros anuales, poniendo en entredicho la bendita la rentabilidad que tanto les preocupa.
En julio de 2012 el Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley por el que se adoptaron una serie de medidas para privatizar el transporte ferroviario estatal de viajeros. Posteriormente en diciembre se aprobó suprimir servicios de tren de media distancia o regionales para abaratar costes del servicio ferroviario.
Atacar de esta manera al ferrocarril convencional no es razonable ya que se trata de un transporte utilizado por la mayoría de la población, es el más eficiente energéticamente, su infraestructura ya está construida y asegura derechos. ¿Qué problema tienen entonces en mantenerla?
El problema es que solamente aplican criterios economicistas a los servicios públicos para justificar su cierre y se olvidan de los beneficios sociales que acarrean. Esta visión sesgada demuestra la falta de planificación y visión estratégica de las políticas estatales ya que no han sabido aprovechar los años de bonanza económica para consolidar la red ferroviaria convencional, modernizarla y dignificarla como sí han hecho el resto de los países europeos.