La transparencia en las administraciones públicas es la base para que el resto funcione. Vivimos un momento en el se recortan sus inversiones y el gasto social, justificando la necesidad de austeridad en la crisis económica. Por ello, precisamente, la ciudadanía mira con lupa en qué se utiliza el dinero público, pues quiere asegurarse de que estos cada vez más escasos recursos, con los que cuentan los presupuestos, sean gestionados de forma racional, primando las necesidades más acuciantes en cada momento, entendiendo por estas, aquellas cuya rentabilidad social sea más beneficiosa para el conjunto de la ciudadanía. Por ello debemos insistir en las calles, en los parlamentos y también en los ayuntamientos.

En primer lugar, hay que trabajar por ayuntamientos con paredes de cristal. Hay medidas muy sencillas para que la ciudadanía podamos ejercer la tarea más básica de participación política: la mera observación, conocer cómo y en qué se gasta el dinero público, qué motiva la contratación de una obra a tal o cual empresa, o cuál es el salario de sus representantes. Nadie debe encontrar una sola ventana tapiada, porque lo que se trata dentro de las instituciones son los asuntos de todos y todas y se tiene derecho a conocerlos con el mayor detalle posible.