La corrupción, que ha salido a la superficie a borbotones en las últimas semanas, es humo. Pero no es humo porque tenga poca importancia, sino que es humo que nos avisa del fuego. Porque lo grave de cada corruptela no es que alguien se lo lleve crudo, sino que a cambio del dinero, regalos o favores recibidos, desde los cargos públicos se toman decisiones que afectan a toda la ciudadanía con el dinero de toda la ciudadanía. Si es cierto que en la cúpula del Partido Popular se repartía dinero proveniente de donaciones de manera regular, la gran pregunta es: ¿qué favores, pasados o futuros, estaba pagando Mercadona, Sacyr Vallehermoso, OHL o FCC Construcción?

A la luz de eso, miramos la política de los últimos años de otra manera. Los aeropuertos sin aviones, las estaciones del AVE situadas a kilómetros de su ciudad de referencia o las miles de promociones de vivienda que evidentemente sobraban. O aquella Ley del Suelo de 1997 que determinó que todo suelo era urbanizable salvo que se dijera lo contrario. Y no podemos evitar plantearnos si tantas decisiones ilógicas, que tanto han tenido que ver con la crisis que hoy padecemos, se debieron a la compra de voluntades.

A todo aquello lo llamábamos crecimiento, ese fue el modelo de desarrollo económico de nuestro país. Un modelo que se engrasaba por dos vías: por un lado, con grandes inyecciones de dinero público para obras, muchas de las cuales ahora se han demostrado ilógicas. Cuando hoy buscamos dinero para acción social en el Ayuntamiento de Valladolid es imposible no acordarse de los millones de euros despilfarrados en la Plaza del Milenio, el túnel de la Avenida de Salamanca o el nuevo puente de la Rondilla prácticamente inutilizado.

La otra fuente de ingresos fueron los créditos hipotecarios de millones de familias a las que se animó con préstamos a 40 años y bajos tipos de interés. Cuando la burbuja inmobiliaria se deshinchó, las entidades financieras activaron el plan B y se aseguraron de que a la mínima deuda pudiera quedarse con las viviendas hipotecadas. La gente que se quedaba en la calle poco importaba, puesto que ya habían dejado de ser útiles jugándose sus ahorros para engrasar la maquinaria del ladrillo.

El humo de la corrupción nos avisa hoy de que el incendio llevaba activo desde hace años. La compra de voluntades políticas era el fuelle que avivaba las llamas en las que unos pocos preparaban un festín. Durante un tiempo nos hicieron creer que todo el mundo estaba invitado, que aquel crecimiento nos traía bienestar a todos. Hoy vemos que no, que era un saqueo a costa de nuestro dinero público y de nuestros ahorros privados.

Es un error poner solamente el foco de la corrupción en el político corrupto, por despreciable que sea su comportamiento. Lo grave es que esa persona juega a sabiendas el papel de marioneta, que pone de manifiesto que hay gente muy poderosa que está dispuesta a utilizar cualquier medio para poner a los poderes públicos, las leyes y el dinero de todos al servicio de su interés particular. Lo realmente escandaloso es que haya un poder económico capaz de someter, por unos medios u otros, al poder político que supuestamente debería representar al interés general. Es más, que hay una connivencia tal, que muchas personas pasan constantemente del gobierno a la gran empresa y viceversa, tomando decisiones que lucran al sector empresarial del que vienen o al que acaban llegando después.

Por eso, porque es el poder económico el que manda, no podemos resolver el debate diciendo que “la mayoría de los políticos son honrados”. Por supuesto que sí, hay miles de personas que tienen cargos públicos y no solo no se llevan dinero, sino que lo pierden. Una gran mayoría de gente que tiene vocación de servir y que decide, bien o mal, pero guiándose solo por lo que cree mejor. Pero no podemos confiarlo todo a la esperanza de que no nos salga un garbanzo negro. Hace falta poner los medios para evitar que se compren voluntades. Por eso desde Izquierda Unida propusimos en el último Pleno municipal una serie de medidas que pretendían precisamente eso, prevenir.

Algunas solamente buscaban transparencia, para que la ciudadanía pueda controlar la actividad política: publicar en la web nuestras declaraciones de bienes, exponer los contratos de más de 10.000 euros o declarar los posibles conflictos de intereses. Otras pretendían eliminar arbitrariedades, justificando públicamente los criterios para adjudicar contratos, tomar decisiones urbanísticas o las pautas para nombrar cargos de confianza. O, por último, se proponían medidas de prevención, como prohibir recibir regalos, rechazar usar la fórmula del convenio urbanístico (sometida a muy poco control), o evitar la externalización de servicios, que en ocasiones acaban cayendo en manos de empresas que premian o compran al concejal de turno.

Ninguna de ellas fue aceptada y eso no ayuda a despejar las dudas ciudadanas, que a veces son injustas. Pero yo prefiero una ciudadanía que se pase de crítica, a una que no se preocupe por los asuntos públicos, a una ciudadanía comprometida que a una masa callada y conformista. Y lo mejor que se puede hacer para acallar los reproches injustos es abrirse y mostrar de par en par cómo se hacen las cosas, para que la ciudadanía se involucre en lo público. Lástima que se haya perdido una oportunidad más para ello.