A la vista de los últimos informes de Intervención queda en evidencia que los pagos que el Ayuntamiento realiza se están retrasando notablemente. Esta afirmación no es un capricho, basta con repasar la Ley contra la Morosidad que se encuentra en vigor desde el 7 de julio de 2010. Dicha normativa establecía un plazo máximo de pago de las Administraciones Públicas a sus proveedores de 50 días en 2011, de 40 en el año actual y de 30 a partir de 2013. En el Ayuntamiento de Valladolid el periodo medio de pago es de 99 días y el del pendiente de pago de 67: por tanto, no se actúa conforme a la ley.

A la luz de estos datos hay que realizar un par de consideraciones. La primera y más básica es que los ingresos no están llegando al ritmo esperado, pero, evidentemente, hay que seguir pagando a los proveedores. De manera que afloran inevitablemente tensiones de tesorería, que probablemente aumentarán en los próximos meses. No es un tema menor, ya que cuanto más se tarde en pagar a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, más se complicará la actividad económica de esta ciudad. Las administraciones públicas deben ser rigurosas y responsables y debemos evitar que la demora en los pagos se cebe con las empresas más pequeñas y con menos recursos, mermando su liquidez y su capacidad de inversión y creación de empleo.

Y en segundo lugar: el equipo de gobierno hizo el trimestre pasado un esfuerzo importante para efectuar pagos pendientes y así no acogerse al decreto de pago a proveedores. Sacó pecho, pero ahora se empieza a notar. Pues no se cuenta, por ejemplo, con el margen que podía haber dado la concertación de operaciones de endeudamiento que se permiten en el citado decreto. Se ha querido forzar una imagen, pero estamos viendo que esa imagen no es real.

La novedad de los últimos días es el anuncio de la aplicación de una nueva tasa de basuras que fue eliminada a principio de los años 80. Lo siento, pero ahora no es el momento. No es el momento porque requiere un debate pausado que no ha existido, requiere hacer cuentas para ver cómo influirá en la presión fiscal y no se han puesto manos a la obra y sobre todo requiere ser consecuentes con el objetivo que debe perseguir una ecotasa: creérselo y poner en marcha medidas complementarias y de esto no hay noticias. Encima de la mesa solamente existe improvisación, falta de liquidez y necesidad de cargar sobre las espaldas de los ciudadanos y ciudadanas el derroche en época de abundancia. Este debate seguirá dando que hablar y merece un post específico en los próximos días.