El pasado lunes se cumplió un año desde que se constituyó el nuevo Ayuntamiento. Por primera vez en 20 años, el Partido Popular dejaba de tener mayoría absoluta en el Pleno y se abría un escenario nuevo. Y eso se debió al voto de la gente, que expresó fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, que queríamos cambio: tanto quienes venían gobernando, el PP, como quienes habían sido tradicionalmente alternativa, el PSOE, recibieron menos apoyos que nunca. En segundo lugar, que queríamos acuerdo, que nadie tuviera la mayoría por sí solo.

A partir de ese resultado en Valladolid Toma la Palabra tomamos nota. Sin dudar un segundo, dijimos que esa voluntad popular debía plasmarse en un cambio en la alcaldía. Pero también tuvimos claro que nuestro papel no se podía limitar a cambiar de alcalde y que era imprescindible que ese cambio se llenara de contenido.

A día de hoy trabajamos para que los programas que decenas de miles de personas votaron se plasmen en el día a día de nuestra ciudad. Y está habiendo avances notables, aunque cueste mucho cambiar la inercia de veinte años de gobierno monocolor. Tampoco ayudan las trabas que nos estamos encontrando en materia competencial, y por eso es tan importante que el cambio en las ciudades venga acompañado de un cambio en La Moncloa.

Porque existen muchas maneras de burlar la voluntad ciudadana democráticamente expresada y, en los últimos años, con la excusa de la crisis, se ha puesto una camisa de fuerza a los ayuntamientos que ha limitado drásticamente nuestra capacidad de transformar la realidad y mejorar las vidas de nuestras vecinas y vecinos. Los municipios han sido el chivo expiatorio en el tema de la deuda. A través de la llamada “Ley Montoro” se nos han quitado competencias y se han impuesto férreos controles sobre el presupuesto para evitar que nos endeudemos, lo cual, en principio, no es malo para evitar despilfarro. Pero tiene truco. ¿Sabéis qué porcentaje de la deuda pública es responsabilidad de los Ayuntamientos? El 3,4% del total. Y, además, en su mayoría concentrado en unas pocas grandes ciudades, como Madrid que con el PP se endeudó con megaproyectos como el soterramiento de la M-30. La mayoría de ayuntamientos, sobre todo los más pequeños, tienen sus cuentas saneadas, pero se les imponen las mismas restricciones. Por su parte, el Estado central que nos las impone, que incluso puede intervenir ayuntamientos si se incumplen, acumula el 88% de la deuda.

Y quizá penséis que todo esto son tecnicismos que no afectan a nuestra vida cotidiana, pero sí lo hacen. Cuando desde el Ayuntamiento, por ejemplo, queremos mejorar el servicio de limpieza, o la acción social o cualquier otra materia que exija contratar más personal, no podemos hacerlo así como así. Aunque tengamos las cuentas saneadas, existe una cosa que se llama “tasa de reposición” que no permite aumentar la plantilla más que en un pequeñísimo porcentaje para poder mejorar los servicios.

Con la excusa del equilibrio presupuestario se ha planteado que los ayuntamientos tengan menos competencias, menos autonomía y que además puedan controlarse desde instancias superiores. Y se hace, así lo dice la propia ley, para “favorecer la iniciativa económica privada” y evitar un supuesto peso excesivo de lo público sobre “sectores económicos pujantes en la actualidad”. Es decir, que lo que pretende es abrir aún más la puerta a la privatización de los servicios públicos, a que se haga negocio con ellos. El equilibrio presupuestario y el pago de la deuda quedan por encima de la prestación de los servicios necesarios para la gente, y quien se beneficia de ello son las grandes empresas especializadas en servicios que igual te cortan setos que te montan una escuela infantil.

Esto de recortar en los servicios públicos para evitar que quiebre el Estado recuerda a aquello de vender el coche para comprar la gasolina. Las cuentas públicas han de estar saneadas pero precisamente para que no peligre aquello que los poderes públicos garantizan a la ciudadanía. Los servicios no son un mero gasto, son una inversión. Pasarlo absolutamente todo por el tamiz del equilibrio de cuentas es un error que saldría carísimo a nuestra sociedad a corto, medio y largo plazo.

Pero tenemos la oportunidad de darle la vuelta a esa tendencia. Necesitamos un nuevo gobierno que devuelva la autonomía a los Ayuntamientos y que nos permita desarrollar las políticas que la gente realmente necesita en nuestros municipios. Un gobierno que nos quite este corsé, que nos permita no tener que decirle a ninguna vecina más que algo, aunque queramos llevarlo a cabo, simplemente no se puede hacer. Porque tenemos que demostrar que si se quiere, se puede. Y desde luego que Unidas, Podemos.

Artículo publicado en Delicias al Día de junio de 2016.