Artículo publicado en Delicias al Día
La aritmética parlamentaria resultante de las elecciones del 20 de diciembre no tiene precedentes y está complicando de una manera hasta ahora desconocida la formación de gobierno. Va a tocar hacer un curso acelerado de parlamentarismo, sobre todo para quienes no habían contemplado más opción que las mayorías absolutas o muy amplias con pequeños apoyos. La nueva situación permite mayorías variables en función del tema que se debata, algo habitual en otros países. Es una experiencia que también estamos viviendo en los ayuntamientos desde el pasado mes de mayo; aquí mismo hemos visto todo tipo de combinaciones en varias votaciones, y sobre todo se ha profundizado el diálogo previo y la búsqueda de acuerdos, como destacó la prensa en el pasado debate presupuestario.
En el Congreso de los Diputados podría darse la circunstancia de que se acabara formando un gobierno encabezado por Rajoy u otra persona del PP pero que se aprobaran leyes sin su apoyo. Y lo mismo con uno de Sánchez, por supuesto. Incluso si no se llega a formar gobierno y se repiten las elecciones el Congreso tiene la posibilidad y el deber de continuar con la tarea legislativa. Y ello debería permitir corregir, al menos, algunos excesos de etapas pasadas. Hay consenso entre grupos que suman una mayoría parlamentaria holgada en que la llamada «Ley Mordaza», en su totalidad o al menos en parte, debe ser derogada. No debería desaprovecharse esa mayoría, fruto del mandato ciudadano, y derogar tanto la reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, como la del Código Penal, ambas aprobadas el pasado año.
Ambas reformas incluyeron preceptos que endurecen la restricción de derechos y libertades y limitan las garantías, sancionando como infracciones administrativas conductas antes consideradas como faltas, lo cual aumenta la arbitrariedad gubernamental a la hora de sancionar. No es solo una cuestión de preferencia política, sino que diversas novedades introducidas en el Código Penal tienen dudoso encaje en el marco constitucional. Es el caso de las «devoluciones en caliente», la «prisión permanente revisable» o los «delitos por solidaridad con personas que administrativamente no tienen los documentos en regla», ya que contradicen principios como el de la función de reinserción social de las penas, el principio de igualdad o el principio de intervención mínima del derecho penal, así como distintos tratados internacionales en materia de asilo y refugio suscritos por España y vigentes en la actualidad.
Pero el mismo trasfondo de desconfianza hacia las libertades ciudadanas inspiró buena parte de la «Ordenanza de Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Conductas Antisociales» que aprobó el Ayuntamiento, también conocida como «Ordenanza Antivandálica» u «Ordenanza Antisocial». Introdujo importantes restricciones a este respecto, hasta el punto de que diversos preceptos fueron anulados por los tribunales. Por ello este año, como se aprobó en el pasado pleno, se tiene que restablecer una relación de confianza y tolerancia hacia la ciudadanía y desterrar de nuestra ciudad una norma contraria a los derechos y libertades contando con las entidades sociales que han trabajado este tema en nuestra ciudad.