La intervención del Partido Popular sobre el sistema educativo apunta a un horizonte de segregación clasista del alumnado, de subordinación de la educación a una lógica mercantilista desde edades muy tempranas y de progresiva privatización en la gestión.
Una reforma del calado de la LOMCE debería acompañarse de estudios previos que la justifiquen. Pero en su último redactado simplemente se tergiversan resultados de investigaciones internacionales para que se ajusten a los principios ideológicos que se quieren justificar, afirmando justamente lo contrario de lo que esas mismas investigaciones e informes internacionales concluyen. Además, el debate anunciado se ha reducido a una consulta on line mínima y trucada, a una dirección de correo electrónico a la que enviar sugerencias o críticas, sin confrontarlas ni debatirlas en foros abiertos y plurales. Y, para colmo, esta reforma se plantea en un escenario de brutal recorte de la financiación (5.212 millones de euros desde que llegó el ministro Wert), lo cual difícilmente sienta las bases para mejorar la calidad educativa y combatir el fracaso escolar.
Tenemos, por tanto, un punto de partida erróneo. Pero es que, antes de que este proyecto sea aprobado, su espíritu está ya presente en decisiones que afectan a nuestro entorno más cercano, estoy hablando de la implantación de la Zona Única de Escolarización o el concierto con colegios que segregan por sexos a su alumnado. Quieren poner a la educación privada, incluso la más recalcitrante, en pie de igualdad con el sistema público educativo, mientras que obligan a los centros públicos a someterse a la dura competencia que creará graves desigualdades.
Y ese escenario me preocupa especialmente: el de escuelas que se someten a rankings, que se financian de acuerdo con ellos y que se ofrecen a la población como si fueran clientela que elige un hotel. Se realizan pruebas de evaluación al alumnado, y la media de las mismas sitúa al colegio en una mejor o peor posición en un ranking. Para que los padres y madres puedan elegir, como clientes, aquél que más ventajas competitivas les aporte a sus hijos e hijas en el futuro mercado laboral. En ese contexto competitivo, claro, las escuelas serán más selectivas, tendiendo a rechazar al alumnado que pueda hacerles descender puestos.
Pero es que además, ese ranking condiciona la financiación pública de cada centro, como ya ocurre en algunas Comunidades Autónomas, mediante contratos-programa u otras fórmulas. Así, los refuerzos e incentivos no se basarán en las necesidades de su alumnado, sino de acuerdo con sus resultados en las pruebas. Y a ello debemos sumar que el artículo 122 abre la puerta a que se busque financiación privada desde cada centro para las llamadas «acciones de calidad» que, según el texto legal, deben ser competitivas.
En general, se apuesta por gestionar los centros públicos como si fueran empresas. Los centros deben procurar una oferta competitiva y diferenciada, como apuntan los artículos 121 y 122, especializándose en los ámbitos curricular, funcional o, atención, por tipología del alumnado. Para esta nueva cultura de gestión, el director o directora, nombrado a dedo por la administración, tiene «autonomía en la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros». Es decir, que puede establecer requisitos y méritos para los puestos de personal funcionario y rechazar interinos procedentes de las listas o incluso contratar profesores. Esto abre, aún más, el camino de manera alarmante a la privatización de la gestión de los centros públicos y de su financiación.
Esta dirección profesionalizada de los centros, que acaba con la poca democracia participativa que quedaba en los centros de enseñanza, es el remate de este modelo de gestión. Un modelo que aboca a nuestras escuelas públicas a estar mucho más preocupadas por orientar la enseñanza a conseguir buenos resultados para un ranking que a preocuparse de las necesidades de las niñas y niños. Escuelas preocupadas por captar alumnado para evitar convertirse en guetos, como ya empieza a ocurrir, también en Valladolid no hace falta irse muy lejos, y se agrava con la Zona Única de Escolarización.
Un modelo de gestión, en resumen, basado en criterios mercantilistas que deberían quedar al margen en los servicios públicos. Y es que su modelo educativo invierte completamente los principios y valores de nuestra escuela pública. Formarse como profesional es algo necesario pero subordinado a la prioridad fundamental de cualquier sistema educativo: formarse como persona y ciudadano o ciudadana crítica para avanzar hacia una sociedad más sabia, justa y cohesionada.
Pero la LOMCE va clasificando y separando al alumnado desde las primeras etapas, como quien separa tornillos en una cadena de producción. Le somete a evaluación en 3º de primaria, en 6º, en 4º de secundaria y tras el bachillerato. Y no son meras pruebas de diagnóstico: abren o cierran puertas, o marcan al alumnado para el resto de su escolaridad. Afectan al expediente y tienen consecuencias académicas. A partir de secundaria, estos exámenes serán un castigo para quien no los apruebe. Más que luchar contra el fracaso escolar, simplemente lo certifican y justifican la segregación del alumnado que produce y reproduce las desigualdades sociales.
¿Cuál es la consecuencia de plagar la vida escolar de pruebas? Pues que la enseñanza se centrará, sobre todo en esos cursos, en preparar para los exámenes, para que el alumnado obtenga buenos resultados en las mismas y el centro no baje en el ranking. Los contenidos y procedimientos que en el examen se piden, se vuelven el eje del contenido del currículo.
Todo ello se remata con la apertura a procesos de selección propios en cada Universidad, lo que permitirá la selección con criterios dispares, no homogéneos, lo cual, unido al aumento de tasas y la reducción de becas, propiciará universidades de élite y universidades de segunda.
En esta carrera de obstáculos, las condiciones culturales y socioeconómicas familiares van a ser determinantes en el éxito escolar y suponen un aumento del abandono y el fracaso de un sector de la población. O lo que es lo mismo: habrá una educación para ricos y otra para pobres.
Paralelamente, se apuesta por adelantar aún más los itinerarios selectivos. Ello, a pesar de que los datos internacionales nos confirman sistemáticamente que los países con buenas puntuaciones en PISA, como los países nórdicos, poseen también un alto grado de comprensividad (es decir, sin vías selectivas y diferenciadoras en la enseñanza secundaria obligatoria). Es más, los países que segregan a edades tempranas tienen resultados menos igualitarios, es decir, hay mayor conexión entre el estatus socioeconómico de la familia y los resultados escolares. El informe que la OCDE publicó a comienzos de año muestra que equidad y buenos resultados académicos van totalmente de la mano.
Y, como colofón, la LOMCE consagra a empresas, corporaciones empresariales y grupos religiosos que financian, prestan o regulan la educación como parte del Sistema Educativo en pie de igualdad con el sector público. Incluso blindan por ley los conciertos con centros que segregan por sexos en el Art. 84.3., algo anticonstitucional y con varias sentencias del Tribunal Supremo que anulan este tipo de conciertos. Desde Izquierda Unida siempre se ha estado enfrente de la política de conciertos educativos. En ocasiones en este pleno, he comentado que creo que no hay que perder la memoria y que una de las banderas de la actuación pública debe ser la coherencia y por coherencia cabe decir que algunos de los problemas del sistema educativo del que estamos hablando hoy tienen unas bases. Así hay que apuntar que los conciertos educativos nacieron en 1985 con un Gobierno socialista, de hecho muchos de los conciertos vigentes actualmente han sido firmados por este partido. Y ahora se quiere dar un paso más: se pretende que los conciertos se generalicen a los centros privados. Esta cuestión es una de las claves de la contrarreforma de Wert, contra la que hoy está siendo desarrollada una huelga generla en el sector educativo.
Sobre la LOMCE en resumen, las propuestas y prácticas no coinciden con los resultados y recomendaciones de la comunidad científica internacional, sino que se orientan en sentido completamente contrario. Son viejas recetas que no han dado los resultados supuestamente esperables allí donde se han aplicado y que la comunidad científica internacional ha rechazado de plano.
Esta reforma quiere crear ciudadanía disciplinada y no se hace garante de una educación para todos y todas. No ofrece medidas concretas para «reducir la tasa de abandono educativo temprano y mejorar la tasa de población que alcanza el nivel de ESO», sino que las medidas que propone van justamente en el sentido contrario: la multiplicación de reválidas al término de cada etapa (desde 3º de primaria), aplicadas y calificadas por agentes externos, o la segregación temprana. Es decir, esta reforma no está dirigida contra el fracaso escolar, sino contra el alumnado que «fracasa» en este sistema educativo.
Son medidas que culpan de las dificultades y problemas exclusivamente al alumnado y eventualmente a los centros, porque, como advierte el anteproyecto, «el principal objetivo de esta reforma es mejorar la calidad educativa partiendo de la premisa de que esta debe medirse en función del ‘output’ (resultados de los estudiantes) y no del ‘input’ (nivel es de inversión, número de profesores, número de colegios, etc.)». Es intolerable, se pretende legislar a la ligera, como si el papel de la administración para garantizar la inversión, las condiciones del profesorado o de las ratios profesor-alumno no tuvieran nada que ver en los resultados del alumnado. La escuela pública está para combatir las desigualdades, no para certificarlas y estigmatizar a quien se queda por el camino.
Enlace al vídeo del pleno en el que se debatió la cuestión aquí [enlace no
disponible].