En Julio del año pasado presentamos una moción para hablar de la reforma de la Administración Pública que se ha ido preparando, solicitando al equipo de gobierno un poco de orgullo municipalista para defender la autonomía y competencias de los Ayuntamientos. No solo no ha sido así, sino que aplauden ahora a rabiar una reforma que limita drásticamente la capacidad de intervención pública.

Quiero hacer, en primer lugar, un análisis de los contenidos de la reforma, aunque después comentaré algo sobre lo que creo que subyace en ella. Y lo desgranaré en ocho puntos que llevan a rechazar de plano esta reforma. Eso sí, quiero dejar claro que cualquier nueva redacción que pudiera realizarse a la luz de aquella funesta reforma constitucional del artículo 135 nos llevará a un escenario en el que la estabilidad presupuestaria pase por encima de las necesidades de la ciudadanía. Y eso debe pesar en las conciencias del PSOE y del PP.

Yendo al grano, el primer y fundamental punto de desacuerdo es la imposición del dogma de la estabilidad presupuestaria por encima de todo. Se establece una vinculación de la financiación a los Ayuntamientos a los resultados de una evaluación de los estándares de calidad a que deben someterse aquéllos. Todo ello sin que sepamos quién evalúa y en función de qué indicadores. Todo parece indicar que no será de acuerdo con el nivel de garantía de los derechos básicos sino más bien con el cumplimiento frío del equilibrio de las cuentas.

En segundo lugar, hay un absoluto empobrecimiento de la autonomía local, ya que el municipio pasa de ser sujeto político con autonomía a un mero gestor de servicios obligatorios. Los Ayuntamientos se convertirán en meras oficinas administrativas y los Alcaldes y gobiernos en meros ejecutores de servicios obligatorios, que deberán llevarse a cabo mediante estándares de calidad que establezcan otros mediante Decreto. En tercer lugar, elimina el principio de la administración local como la administración más cercana a la ciudadanía. Desaparece absolutamente el principio de subsidiariedad.

En cuarto lugar, tendremos ayuntamientos absolutamente intervenidos. Se regula por decreto cuál es el coste estándar de los servicios y, si un Ayuntamiento no puede prestarlos en ese margen, se le quita la gestión de esa competencia, porque es «ineficiente en atención a las economías de escala». Un argumento que podríamos llevar hasta el infinito para quitarle las competencias a cualquier municipio grande, a las comunidades autónomas o hasta a un Estado. Si la cosa es conseguir economías de escala, hagámoslo a la grande, ¿no les parece?.

En quinto lugar, es falso que esta reforma evite duplicidades. Pretenden granjearse el apoyo de la ciudadanía ante el supuesto «derroche» en la administración pública. Y sin embargo, seguirán coexistiendo por ejemplo las Diputaciones para asumir funciones que perfectamente podrían asumir las Delegaciones Territoriales de la Junta. El único modo de evitar duplicidades se producirá cuando se definan bien las competencias de cada nivel de gobierno del Estado Central, autonómico y municipal- y se entienda que toda competencia tenga el rasgo de exclusividad en su gestión y venga acompañada por la financiación correspondiente. Después de décadas sin arreglar el tema de la financiación local ahora resulta que el problema no era que llegara poco dinero a los ayuntamientos, sino que estos hacían demasiadas cosas.

En sexto lugar, en contraposición al recorte de competencias de los ayuntamientos y el vaciamiento de las Mancomunidades y Consorcios, se potencia el poder de las Diputaciones provinciales. Se dará el caso de que un municipio que haya elegido un gobierno municipal determinado pueda ser gobernado de facto por un concejal de la oposición que haya sido elegido Diputado Provincial con capacidad de gobierno, o que los servicios se realicen por medios privados en municipios cuya voluntad popular reflejada en las urnas haya optado por opciones políticas que defienden la gestión pública de los servicios públicos.

En séptimo y último lugar, obstaculiza la reactivación de la economía local desde los Ayuntamientos, al impedir a las Entidades Locales intervenir en la actividad económica salvo lo previsto con carácter excepcional. Los municipios no podrán ser reactivadores de la economía local, entre otras funciones.

En definitiva, se trata de una brutal injerencia en el poder local, el más cercano a la ciudadanía. Una injerencia que será mayor cuanto más pequeño sea el municipio. Que la gente de la alta política le intente hacer pagar el despilfarro que ha habido en otras instancias a la gente de los pueblos pequeños, muchos de su mismo partido, es algo realmente indigno. Y que desde el Ayuntamiento de Valladolid lo aplaudan más aún. Está claro que no se sienten representantes de su ciudad, sino la franquicia de su partido en esta tierra.

Afirman que hay un grave problema de deuda pública y que, además, los ayuntamientos son los grandes culpables de ello. Por tanto, hay que castigar a los ayuntamientos y quitarles competencias, porque gastamos mucho y mal. Narices tiene que el PP, que lleva 18 años gobernando esta ciudad, «compre» ese discurso, ya sea por lealtad partidista o por dogmatismo ideológico.

Yo, voy a negarles la mayor. ¿Existe un gran problema de deuda pública en España? Según los datos de la OCDE, el FMI y el Banco Mundial el 84% de la deuda española es privada, y de ella, tres cuartas partes de bancos y empresas, no de familias. Solamente el 16% de la deuda española es pública. ¿Sigue siendo mucha deuda? Un 78% con respecto al PIB, bastante menos que la de Reino Unido, Francia, Alemania o Estados Unidos.

Y veamos, de esa deuda ¿cuánta corresponde a los Ayuntamientos? Pues una pequeñísima parte. El Estado central, este que nos riñe y nos quita las competencias para no despilfarrar, tiene más de 550.000 millones de deuda, el 52% de toda la deuda pública. Y los Ayuntamientos únicamente 35.000 millones de deuda. Una sexta parte de eso, le corresponde a Madrid. Y desde luego, hay casos como este último en los que ha habido grandes gastos exagerados e innecesarios. Pero no se corresponden, ni mucho menos, con el gasto en educación, sanidad, igualdad, etc., esas competencias que pretenden quitarle a los Ayuntamientos. Más bien tiene que ver con infraestructuras faraónicas, con sobrecostes en grandes contratos o despilfarros olímpicos a los que también se quieren sumar desde aquí.

De modo que blandir el argumento de la estabilidad presupuestaria contra los ayuntamientos es un recurso tramposo. Lo que hacen es preparar el terreno para la privatización masiva de los servicios locales a la ciudadanía. Ya lo anticipaba el otro día el señor Enríquez (portavoz del PP) en un artículo de opinión: «al ciudadano le da igual que le corte el seto un empleado público o uno privado». Así que, como da igual todo, regalémosle el negocio a la empresa de turno. La Ley 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera está impregnando el nuevo marco normativo a golpe de Decreto-Ley. Y esto está abriendo el campo a que todo tipo de servicios públicos se presten por empresas con tal de garantizar la sacrosanta estabilidad presupuestaria. Esta reforma del régimen local antepone la sostenibilidad financiera a la suficiencia que deben tener las entidades locales para hacer frente a los servicios públicos en virtud del principio de subsidiariedad.

Se cargan ese principio de subsidiariedad. ¿Cómo va a afrontar la Junta de Castilla y León o la Diputación tantas competencias de las entidades locales? Fácil: prestando la mayor parte de los servicios a través de empresas privadas. Le llaman renovación, pero de lo que se trata es de abrir vías de negocio a los intereses económicos para los que realmente gobiernan. Y todo ello por encima, muy por encima, de las necesidades de población a la que dicen representar. Ya lo dice el artículo 135 de la Constitución: el pago de la deuda es prioridad absoluta y para ello habrá que recortar de donde sea. Aunque sea de los ayuntamientos, que aportan una mínima parte del endeudamiento estatal. Aunque sea de los servicios públicos que garantizan los derechos de la gente. Estamos ante un verdadero expolio del país, porque a los intereses económicos que representan se les acabó el chollo del ladrillo y tienen que abrirles nuevos campos para forrarse. De eso va esta reforma local.

Si esto sale adelante en poco tiempo veremos a los verdaderos representados del PP llevándose dinero público y gestionando un montón de servicios municipales.

Vídeo del último debate en el Pleno municipal sobre este asunto aquí.