Publicado en El Día de Valladolid el domingo 15 de noviembre de 2015
Cuando los hombres de vida acomodada copaban Parlamentos y Ayuntamientos, algunos teóricos liberales de la época argumentaban que esa independencia económica les permitía discernir mejor el interés general que las clases populares, que se moverían por puro interés egoísta. La historia lo desmintió, pero el hecho es que solamente los ricos podían permitirse dedicarle tiempo a esos menesteres. Los salarios para los representantes públicos, al igual que la universalización del voto, fueron conquistas de derechos para que todo el espectro social estuviera representado en igualdad.
Sin embargo, los excesos en muchas instituciones han despertado un justo recelo y la demanda de sueldos públicos más ajustados. Cuando se asume una dedicación plena y responsable a las tareas municipales se asume una gran carga de trabajo y el peso de tomar decisiones trascendentales. Y debe haber una remuneración digna por ello, pero que a su vez no marque una distancia insalvable entre las condiciones de vida del común de la gente y de quienes deben velar por el interés general.
Suele desconocerse que en el Ayuntamiento de Valladolid no todo el mundo cobra un sueldo. Solo las portavocías de grupo, las concejalías de gobierno y la alcaldía tienen asignada dedicación exclusiva, junto con un número limitado de miembros de cada grupo, según su peso. El resto, actualmente 14 del total de 29, reciben una compensación menor por asistencia sin cotizar a la seguridad social, y normalmente lo compatibilizan con sus trabajos. Hasta hace unos meses yo lo combinaba con tres trabajos a tiempo parcial.
Pero quienes hoy sí tenemos dedicación exclusiva recibimos sueldos muy abultados: entre 47.000 y casi 80.000 euros brutos anuales, a pesar de haberse recortado y congelado en los últimos años. Según el INE, el 90% de los salarios españoles están por debajo de los 42.000 euros. Por tanto, hay margen más que suficiente para moderar considerablemente estas retribuciones manteniendo un nivel digno y acorde a las responsabilidades asumidas. El Ayuntamiento ha abordado este debate en los últimos meses sin lograr consenso. Valladolid Toma la Palabra planteó una reducción del 25% de todos los sueldos, lo cual habría supuesto un ahorro de 240.000 euros anuales, pero manteniéndose flexible: mejor conseguir algún avance, aunque fuera menor, que ninguno por mantener una posición de máximos. El resultado ha sido, quizás, el peor posible: una rebaja poco sustancial, que apenas ahorra 6.000 euros anuales al erario público, y que además solo toca al alcalde. Una decisión tan insuficiente como desigual.
Por convicción, hay quienes renunciamos a buena parte de ese desmesurado sueldo; pero no debería quedar en manos de la ética de cada cual, sino ser una decisión pública. Lo que importa es cómo se gobierna, desde luego, pero igual que era lógico recelar de que aquellos aristócratas del siglo XIX realmente velaran por el bien común, es comprensible que hoy se desconfíe de que pueda mirar por la mayoría quien cobra salarios que casi nadie sueña. Sentimos no haberlo conseguido por el momento.