Las ordenanzas fiscales de un Ayuntamiento son el conjunto de normas que determinan qué impuestos y tasas pagamos las ciudadanas y ciudadanos, sus cuantías y las bonificaciones o exenciones que beneficiarán a ciertos sectores de la población. Este mes hemos aprobado las ordenanzas fiscales para el año 2017, y hemos apoyado un cambio de rumbo que tiene más importancia cualitativa que cuantitativa. Dentro del estrecho margen que tienen los Ayuntamientos, hemos buscado comenzar a cambiar el origen de lo que se recauda para hacerlo de manera más justa.

El año pasado ya impulsamos un avance drástico al suprimir una tasa de basuras injusta que gravaba a prácticamente todo el vecindario, tuviéramos más o menos capacidad económica y sin tener en cuenta cuánto residuos generamos cada uno. Este año pedimos un pequeño esfuerzo a un pequeño porcentaje de la población: el que se lo puede permitir sin agobios. Ha habido cierto revuelo con esta subida de impuestos, pero tengamos claro que los incrementos planteados solo afectan a una discretísima minoría: la más pudiente. La reacción de ciertos grupos políticos ante este tipo de medidas, que -recordémoslo- obedecen al cumplimiento del mandato constitucional de progresividad, es un termómetro bastante fiable para medir qué intereses defendemos unos y otros.

Veamos qué sucede realmente. En efecto, con las nuevas ordenanzas se sube el IBI, pero no a las viviendas, en que se congela el tipo, sino al resto de usos: comerciales, industriales, almacenes, etc. Y, por supuesto, no se sube ni mucho menos a todos los inmuebles, sino solamente a los de gran valor, por encima de 1 millón de euros. La subida afecta apenas a 290 edificaciones, el 0,11% de todas las de la ciudad. Aún así, en el pasado pleno del Ayuntamiento, cuando debatimos esta subida, escuchamos a la oposición asegurar que con esta reforma se ahuyentaría a empresas de la ciudad, que saldrían corriendo. Para valorar ese argumento convendría comparar a Valladolid con su entorno: Madrid, que atrae mucha inversión en nuestra zona y a la que de hecho tienen que irse muchísimos jóvenes de nuestra ciudad, tiene unos tipos mucho más altos desde hace años. Si aquí lo tipos alcanzarán entre el 0,6% y el 0,67%, en Madrid imponen el 0,92 a usos comerciales y más del 1% a usos industriales, oficinas o almacenes. Y no es nuevo, lleva siendo así desde tiempos de Ana Botella. También Zaragoza, Barcelona o Bilbao tienen tipos superiores, mientras que Sevilla tiene un 1,15%, prácticamente el doble, para inmuebles desde 100.000 o 200.000 euros de valor catastral.

¿Van a salir corriendo las empresas de Valladolid? ¿A dónde, si tenemos unos de los tipos más bajos entre las grandes ciudades? Claramente, existe margen para un incremento del IBI a los propietarios de inmuebles no residenciales de muy elevado valor. Y gracias a eso hemos podido revisar la política de bonificaciones y exenciones para aliviar la presión fiscal a familias sin recursos, familias numerosas, con personas discapacitadas o en riesgo de exclusión social.

Exactamente lo mismo pasa con el Impuesto de Actividades Económicas. Apenas se va a llegar al 2,76% (el actual es del 2,70%) en las zonas de primera categoría, mientras que en Madrid es el 3,8%, en Santander y Sevilla el 3,4%, en Oviedo el 2,9%… Esto demuestra que también en el IAE hay margen para seguir avanzando por esta senda de progresividad, que podemos equipararnos a otras ciudades, de muy distinto signo político, en las que no ha cundido el caos por exigirle más a quien más tiene, como exige la Constitución. Y como pasa con el IBI, ese esfuerzo adicional, que solo se exige a empresas que facturen más de un millón de euros anuales, lleva aparejado un conjunto de beneficios fiscales para empresas que establezcan un plan de transporte para su plantilla, medida que se suma a las bonificaciones existentes para empresas que creen empleo estable, aumentando el porcentaje de contratos indefinidos.

Los incrementos en la recaudación, que recaen en las grandes empresas y los propietarios de los inmuebles más caros, han permitido mejorar la progresividad también en otros impuestos, como el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (impuesto de circulación) y el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, así como en distintas tasas. Gracias a ello en Valladolid mejorarán las bonificaciones para las viviendas de protección oficial, para los inmuebles de organismos públicos de investigación, para los propietarios de vehículos menos contaminantes, para las obras de rehabilitación de viviendas o mejora en la accesibilidad a edificios o reducciones en servicios a animales adoptados y exenciones para los casos de desalojo de animales como consecuencia de desahucios, por poner algunos ejemplos.

Es una lástima que la oposición plantee ahora bajar todos los tributos, sin más, a pesar de que los anteriores gobiernos municipales los subían sistemáticamente, tasa de basuras incluida: por aquel entonces había que recaudar, fuera como fuera, a toda la ciudadanía por igual. Creo que ha faltado seriedad en el debate. Si la oposición plantea ahora rebajas fiscales, tendrá que explicar qué rebajas plantea en el gasto: ¿Recortamos en acción social, en vivienda, en cultura, en deporte, en medio ambiente? Parece que es mejor gobernante quien más baja los impuestos, cuando en realidad gobierna mejor quien los utiliza para redistribuir la riqueza e impulsar políticas que favorezcan el interés general, no el bolsillo de unos pocos.

En definitiva, creo que estas ordenanzas marcan una dirección correcta. Centran los incrementos en los sectores más desahogados y las bonificaciones en la gente más humilde y el fomento de actividades beneficiosas para la ciudad, como la movilidad sostenible o la rehabilitación de edificios. Con ellas recaudaremos de manera más progresiva, y aún podremos profundizar en esta senda en los próximos ejercicios: quienes creemos en la justicia social y la redistribución de la riqueza seguiremos apostando por ello. Más allá de suponer la principal fuente de ingresos del Ayuntamiento, las ordenanzas fiscales y las políticas de bonificaciones y exenciones pueden y deben diseñarse como herramientas de impulso para la generación de empleo, el acceso a la vivienda, la lucha contra la exclusión social y la eficiencia medioambiental. El fin último de los impuestos no es recaudar por recaudar, sino mejorar los servicios públicos y, en consecuencia, la vida de la gente.

Artículo publicado en Delicias al Día de octubre de 2016.