El derecho a la vivienda es uno de los derechos constitucionalmente reconocidos cuyo disfrute efectivo es menos accesible para amplios sectores de la población. En nuestra ciudad, como en muchas otras, nos encontramos cada mes con varias familias amenazadas de desahucio y, a su vez, con muy pocos recursos desde la administración más cercana a la ciudadanía para dar respuesta a ese drama. Desde el gobierno municipal lo hemos marcado como una cuestión prioritaria desde el primer día y vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para mediar con las entidades financieras, buscar alternativas de alojamiento para situaciones de emergencia, ofrecer ayudas a las familias, etc. Pero esta cuestión necesita una solución global y de raíz y para ello es imprescindible un cambio en el marco legal. Nos duele no poder hacer más por nuestros vecinos y vecinas porque la normativa sigue escrita con la cabeza puesta en la vivienda como negocio más que como derecho.

Y lo mismo ocurre con otras cuestiones como los suministros básicos de luz, de calefacción o de agua. Es inhumano que se les esté cortando a familias que, simplemente, no pueden pagarlo. Es indecente que alguien tenga que elegir entre comer o poder calentarse. Y una sociedad que consiente esto ha perdido la capacidad de compasión y de solidaridad que da sentido a nuestra convivencia. No obstante, entre la gente común esos lazos de fraternidad no se han deshecho por completo. La labor de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o de colectivos como Stop Desahucios son un ejemplo de dignidad, de esos que te reconcilian con el género humano. Pero no podemos cimentar una sociedad justa solamente en el apoyo mutuo entre gente humilde mientras la ley va en sentido contrario. Convirtamos en norma de obligado cumplimiento lo que la inmensa mayoría de la gente entiende que es razonable: que un banco no pueda quedarse tu casa y seguir reclamándote una deuda, o quedarse con la de tus padres también;  que las casas sin gente se pongan a disposición de la gente sin casa, a precios de alquiler vinculados a sus posibilidades económicas; que no puedan cortarle la luz, el agua o la calefacción a ninguna familia en situación de vulnerabilidad. Es de justicia y es una cuestión de mínimos que debemos exigir todos a cualquier gobierno, actual o venidero, sea del color que sea.

Si desde los ayuntamientos enviamos un clamor al gobierno central tendrán más difícil hacer oídos sordos. Nos hemos puesto de acuerdo para hacer de Valladolid ciudad refugio, por ejemplo. ¿Por qué no podemos caminar juntos también en esta materia? En nuestra opinión hay cinco pautas claras de actuación en materia de vivienda, en las que ya se está trabajando: acompañamiento e implicación frente a las entidades financieras de las familias amenazadas de desahucio, ampliación del parque público de vivienda en alquiler social, desarrollo de suelos solo en la ciudad consolidada, sin crear nuevas áreas urbanizables fuera, fomento del alquiler y potenciación de la rehabilitación en el conjunto de la ciudad, planificando a corto, medio y largo plazo, sin limitarse a actuaciones singulares. En resumen, pensar en la vivienda como derecho, y no como negocio. Confiemos en que el Plan de Vivienda de la Junta de Castilla y León comparta este mismo enfoque.

Artículo publicado en Delicias al Día de octubre de 2015.