En el pasado pleno, desde IU intentamos que se aprobara una moción para garantizar la función social de la vivienda. En el debate conseguimos tres cosas: exponer nuestras ideas lo mejor que pudimos, que el PP dijera que sus medidas «antidesahucios» eran más ambiciosas que la ILP promovida por la sociedad civil y que el PSOE nos mentara a Extremadura. Pero más allá de las anécdotas y los argumentos manidos, día tras día hay que seguir empujando para que un discurso que era hace pocos meses minoritario vaya cobrando, si cabe, cada vez más fuerza y se convierta en hegemónico.

Y es que las medidas que necesitamos para garantizar efectivamente el derecho a la vivienda en
nuestro país son extraordinarias porque partimos de una situación extraordinaria. Nuestro modelo hipotecario expulsa y excluye a una parte importante de la población, porque las entidades bancarias han
estado concediendo préstamos a sabiendas, en ocasiones, de que no iban a poder devolverse. Personas que no ganan en toda su vida laboral 200.000 euros es evidente que no iban a poder abonar 200.000
euros de hipoteca. Además, tenemos el dudoso honor de ser el único lugar donde, a pesar de perder la vivienda se mantiene una deuda con la entidad bancaria, de manera que puede darse la paradoja de perder
la vivienda y a la vez tener una deuda mayor que la contraída en la hipoteca inicial.

Hace un par de meses el Tribunal de Justicia Europeo se ha pronunciado sobre nuestra legislación hipotecaria y ha dicho, fundamentalmente, tres cosas: la primera, que tal y como está formulada, la hipoteca es un contrato absolutamente desigual; la segunda, que el derecho a la vivienda en nuestro país no se cubre por la inexistencia de alquileres sociales; y tercero, que la existencia de cláusulas abusivas pueden permitir a un juez paralizar la ejecución hipotecaria.

Esto último, permite un margen de trabajo al poder judicial para frenar esta locura. Pero las otras dos cuestiones suponen también un toque para el resto de poderes públicos. No se trata solo de malas prácticas bancarias sino de una legislación y una política de vivienda que las han favorecido e impulsado. Hay que cambiar el rumbo drásticamente.

Y eso es lo que ha comenzado a hacer, por ejemplo, la Junta de Andalucía desde suConsejería de Fomento y Vivienda. Gracias al decreto aprobado, por primera vez se afirma, en una ley, que la vivienda es un derecho social y define qué es una vivienda vacía y cómo actuar sobre ella. Crea un Registro de Viviendas Deshabitadas, dispone un plan de inspección y combina la sanción sobre las viviendas vacías con el incentivo para su salida al alquiler. Además enmarca y sienta las bases para el acceso a un alquiler social y abre la puerta a la expropiación del uso de los pisos vacíos propiedad de entidades bancarias.

Este es, en nuestra opinión, el rumbo que necesitamos y por eso creemos que el Ayuntamiento debe instar a la Junta de Castilla y León a reformar en un sentido similar la llamada Ley del Derecho a la Vivienda. Y
también al gobierno central para modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para conseguir dos cosas: en primer lugar, que no se pueda acordar el lanzamiento de un inmueble cuando se trate de la vivienda
habitual del ejecutado y cuando el impago del préstamo hipotecario sea debido a motivos ajenos a su voluntad. Y en segundo lugar, que se tenga derecho a seguir residiendo en la vivienda a título de arrendamiento por un periodo de 5 años desde la fecha de la adjudicación por una renta no superior al 30% de los ingresos mensuales del arrendatario. Y para reforzar el alquiler social, las viviendas del SAREB, el famoso “banco malo”, deberían ser gestionadas por las Comunidades Autónomas para fomentar el alquiler público.

Pero en mi opinión, no estamos en el Ayuntamiento para poner deberes a otras administraciones. Lo que
proponemos es corresponsabilidad, cambios legislativos acompañados de acción desde lo municipal en la misma dirección. El Tribunal de Justicia Europeo se ha pronunciado sobre la desigualdad entre las partes en los contratos hipotecarios, por eso es necesario que el Ayuntamiento se ponga del lado de la parte más débil y solicite al juez la suspensión del desahucio cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual. Y además, que utilice su autoridad para exigir a las entidades financieras que
operan en la ciudad la paralización de los desahucios y la condonación de las deudas ilegítimas fruto del actual proceso de ejecución hipotecaria. Si las administraciones no estamos para ponernos del lado de la parte más débil, para paliar la indefensión, ¿para qué estamos?

Igualmente, debe haber un compromiso firme de no solicitar ningún desahucio de viviendas públicas, bajo hipoteca ni en alquiler, cuando haya impago por imposibilidad económica. Y, a su vez, hay que impulsar la bolsa de vivienda pública para el alquiler social: según la web de Viva, nos quedan hoy en día dos viviendas públicas disponibles en alquiler en toda la ciudad. Se puede hacer más, mucho más.

Además hablamos de una legislación muy similar a la de numerosos países europeos. En Alemania, Dinamarca, Suecia, Francia, Gran Bretaña, etc. se aplican estas medidas para poner en uso las viviendas vacías e incluso algunas mucho más contundentes, apostando no ya por la expropiación temporal, sino incluso por requisar las viviendas. No se trata de una una cuestión ideológica, es de sentido común.

Lo que hace unos años decíamos solo algunas formaciones minoritarias es hoy un clamor en la calle. Ante un drama que afecta a miles de familias, en el que hay una desigualdad y una injusticia manifiesta que ya empiezan a reconocer los tribunales, la gente quiere que sus representantes se pongan de su lado. No que pongan gesto compungido y luego sigan sin tocarle un pelo a la banca. Que se pongan de su lado, porque es su obligación, su razón de ser, y un mandato constitucional.

Y lo que no puede ser es que, existiendo ese mandato para que los poderes públicos hagan efectivo el derecho a la vivienda, en nuestra ciudad apenas haya vivienda pública en alquiler o que, como ocurre por ejemplo en Villa de Prado y seguramente en otros lugares, haya viviendas de protección oficial vacías. Hay tal desconexión entre la actuación de los poderes públicos y la realidad social que hay miles de familias en
nuestra ciudad que han renunciado a pisos de protección oficial porque están absolutamente fuera de su alcance. ¿Qué sentido tiene, tal y como estamos, que la vivienda de protección esté destinada a familias
con dos sueldos? ¿En quién estamos pensando?

Miren, en nuestra opinión hay tres líneas de trabajo claras para abordar este asunto. La pasividad de los diferentes gobiernos estatal, autonómico y local ante este tema les está generando un serio problema. Refleja claramente su distancia con el día a día de la calle y su excesiva cercanía a los intereses de la banca, la única que saldría ligeramente perjudicada si los poderes públicos decidieran de una vez cumplir su mandato constitucional de garantizar el derecho a la vivienda. Y digo que tienen un problema, porque junto a la suma de miles de dramas individuales, de familias que se quedan sin casa pero con deuda, junto a todas esas derrotas particulares, la gente se está organizando y consiguiendo muchas victorias colectivas.

Ha conseguido frenar desahucios, renegociar hipotecas y mucho más, pero sobre todo ha conseguido que esto deje de verse como un problema particular de cada familia hipotecada. Ha conseguido un millón y medio de firmas para presentar una iniciativa legislativa popular al Congreso y ha conseguido que solamente ustedes se opongan a ella. Ha conseguido también que el Partido Socialista defienda en muchos lugares del país que el ejemplo a seguir no es el del anterior gobierno, ni el de otras comunidades que han gobernado, ni siquiera el de la Junta de Andalucía de los 30 años anteriores. El ejemplo que defienden es el de Andalucía cuando IU ha asumido la responsabilidad de Vivienda. El ejemplo es ese decreto que, como dijo Elena Cortés es “hijo de la sociedad civil organizada, de la PAH, de Stop Desahucios, de las organizaciones en defensa de los consumidores, de toda esa gente que forma parte de lo más admirable de la sociedad, de toda aquella gente que quiere un país más justo y solidario y lucha por él”.

El problema central es la situación injusta y dramática, que no admite parches y que exige soluciones drásticas, soluciones de emergencia. Y se van proponiendo y poniendo en práctica soluciones provisionales pero que apuntan al modelo al que aspiramos. No importemos recortes, importemos derechos.