Artículo publicado en la Revista TEMAS.
El pasado 1 de julio el Ayuntamiento de Valladolid recuperó de manera efectiva la gestión directa de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento y depuración de aguas residuales, a través de una entidad pública empresarial local que funciona bajo el nombre comercial de Aquavall. Culminaba así un proceso de casi dos años que ha generado un abundante debate público e incluso cierta conflictividad.
Parece que, en principio, las cosas habrían de ser más sencillas. Un ayuntamiento decide, en un momento determinado, gestionar un servicio a través de concesión y, transcurrido el plazo establecido debería poder decidir sin mayor problema, si lo considera conveniente, que vuelve a gestionarlo con sus propios medios. Y sin embargo, no es así, por varios motivos que detallaré dentro de un momento. En Valladolid, en el primer mandato de gobierno del PP se apostó por privatizar la gestión que hasta entonces venía prestando la empresa pública ASVA, a pesar de contar con un superávit significativo. La concesión se estableció por un plazo de 20 años y la casualidad quiso que justo en ese momento se produjera un cambio de color político en el consistorio, y el nuevo gobierno puso entre compromisos la recuperación de la gestión.
Pero algunas cosas habían cambiado en ese tiempo. En 2013, La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, más conocida como “Ley Montoro”, endureció notablemente los requisitos para que los ayuntamientos pudieran recuperar la gestión directa de un servicio. Mientras que la mayor eficiencia y sostenibilidad económica se presupone cuando un servicio se externaliza, en el caso de su recuperación resulta imprescindible acreditarlas exhaustivamente. Y esto, unido a otros preceptos, como el techo de gasto impuesto por la Ley de Estabilidad Presupuestaria o las tasas de reposición que marcan los Presupuestos Generales del Estado, hacen muy difícil que las corporaciones locales puedan plantearse recuperar la gestión de servicios.
Creo que es difícil cuestionar que esto responde a una concepción profundamente neoliberal de los servicios públicos y a un poco disimulado interés por defender los intereses de las empresas concesionarias de los mismos. Para empezar porque la administración local es, con mucho, la menos endeudada de todas y, sin embargo, a la que más exhaustivamente se le controlan las cuentas. Baste recordar, por ejemplo, el permanente pulso entre el Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento de Madrid, a pesar de que este reduce su deuda a un ritmo hasta ahora desconocido. No es casualidad que, también en el caso de la recuperación de la gestión del agua en Valladolid, dicho ministerio, a través de la Abogacía General del Estado, se haya personado para recurrir la decisión. Una práctica realmente poco usual.
Parece de cajón que la fórmula “natural” de gestión de los servicios públicos debería ser la directa, que lo público se gestione con medios públicos, y que solo en algunos casos excepcionales se optara por fórmulas indirectas. Sin embargo, ha calado (y se ha hecho calar) la idea de que la gestión pública equivale a despilfarro, ineficiencia, nepotismo e incluso corrupción. Casos ha habido para alimentar esa imagen, qué duda cabe, pero sorprende que el descrédito afecte mucho menos a la gestión privada, a pesar de estar a la orden del día casos de sobrecostes desmedidos, comisiones y puertas giratorias.
Por ello, cuando algunos ayuntamientos nos planteamos revertir la ola privatizadora de las últimas décadas, además de enfrentarnos a los problemas legales y presupuestarios que antes he mencionado, tenemos que abordar la tarea de recuperar el prestigio de la gestión pública. En mi opinión, y desde nuestra aún incipiente experiencia, la mejor forma de hacerlo es enfrentando directamente todos los tópicos.
La oposición de derecha ha insistido mucho en el argumento de que optar por la gestión directa del agua era una decisión “ideológica”. Pretendía así introducir la ya conocida falacia que intenta reducir el debate político sobre la gestión a una mera cuestión técnica. Dejando a un lado la utilización del citado adjetivo como algo peyorativo, hemos combatido el cliché con un trabajo técnico que ha venido a demostrar que el modelo público era el más eficiente. Se partía de un déficit acumulado de al menos 96,7 Millones de € que no se habían invertido en el mantenimiento de las instalaciones y redes a partir del canon de la concesionaria. Y, por ello, el personal técnico ha valorado que en los próximos 15 años será precisa una inversión de al menos 178 millones de euros. En una proyección para ese período de tiempo, el “cash-flow” o saldo acumulado sería de 186,5 millones de euros en caso de optar por la gestión directa, 13 millones más que en el supuesto de empresa mixta y 60 millones más que en el modelo de concesión.
En la misma línea, otra de las críticas recurrentes era que la “remunicipalización” traería consigo la subida de la factura del agua. Pero el mismo informe técnico señala que la entidad pública empresarial es la forma de gestión que garantiza la ejecución de todas las inversiones necesarias para el ciclo integral del agua con la menor subida de tarifa y con excedente de tesorería a partir del séptimo año. Y ello por un motivo muy simple: al existir participación privada hay que contemplar beneficio para la misma. En el modelo público no es necesario forzar tanto los precios al alza, porque no se guía por una lógica de beneficio, y además se cuenta con una bonificación de entre el 99 y el 100% en el Impuesto de Sociedades.
De hecho, el Consejo de Administración de Aquavall ya ha aprobado que las facturas del segundo semestre de 2017 y las de todo 2018 no subirán. Y, es más, se comienza a detectar un significativo ahorro en distintos servicios que hasta la fecha la concesionaria subcontrataba habitualmente a otras empresas vinculadas. Tras el concurso público se consigue la misma prestación por menos dinero, lo cual supondrá, previsiblemente, un desahogo en las cuentas de la entidad pública empresarial.
No obstante, el debate sobre el precio del agua es ciertamente tramposo. Hablamos de un recurso escaso y básico y es necesario concienciar sobre ello para que se use de forma responsable. La cuestión decisiva no es que el agua sea barata, sino que nadie quede privado del acceso a la misma por motivos económicos. Por ello, la gestión pública debe ser capaz de introducir criterios tanto sociales como ambientales en sus tarifas. La propuesta que queremos empezar a trabajar es la de diferenciar los tipos de consumo. Parece razonable que no cueste igual el litro de agua usado para cocinar, ducharse o beber, que los que se destinan a riego de jardines privados, llenado de piscinas o usos industriales.
Junto a los clichés con respecto a la gestión económica, han de combatirse aquellos relacionados con la opacidad que se atribuye a las administraciones públicas. Por ello, y a pesar de que los plazos iban realmente ajustados para llevar a cabo el cambio de gestión, se ha tenido especial escrupulosidad en procesos como el de selección del puesto de gerencia. Se ha realizado mediante convocatoria pública y a través de un proceso en el que solamente ha participado personal técnico.
En la misma línea, el Consejo de Administración aprobó pedir al menos tres ofertas para toda licitación a partir de 12.000 euros, a pesar de que legalmente solo es obligatorio a partir de 50.000 euros para este tipo de entidades. Esto no solo tiene su virtud en lo que atañe a la transparencia, sino que además ha permitido la concurrencia de empresas de menor tamaño y de carácter local.
¿La opción por la gestión pública es ideológica? Por supuesto: hay quienes consideramos que en aquellos ámbitos en los que están en juego derechos básicos no debería entrar nunca la lógica del beneficio que, inevitable y legítimamente, guía a la gestión privada. Pero lo que es un puro prejuicio es entender que la gestión pública ha de ser peor, per se. AquaVall cuenta con la misma plantilla cualificada que venía prestando el servicio hasta ahora, parte de la cual procede asimismo de la empresa pública extinta en 1997. Esa es la materia prima indispensable para garantizar la calidad de prestación del servicio. En lo demás, en lo concreto, habrá de afrontar las mismas dificultades que la anterior empresa privada; sin contar, eso sí, con la presión de lograr un determinado margen de beneficio privado. Beneficio que se intuye cuantioso a tenor de la resistencia mostrada a que lo común vuelva a gestionarse desde lo público.
María Sánchez Esteban. Concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad y portavoz de Valladolid Toma La Palabra en el Ayuntamiento de Valladolid